Una de las pruebas de que la comunicación (el diálogo social) no funciona es la huelga de metro. Parece ser que quienes contienden en defensa de los supuestos intereses de los trabajadores les piden a éstos, como sucedió en la pasada convocatoria con los funcionarios, que dejen de percibir el salario no trabajado por sumarse a la convocatoria de huelga. O, como en este caso, que asuman el riesgo de un despido procedente por incumplimiento de los servicios mínimos.

Esta mañana en Madrid los había que explicaban –nadie pone en duda el derecho a la huelga- la necesidad de hacer ruido y de movilizar a la gente para que Gobierno y empresarios escuchen a los oficiantes. No sé si el argumento es consistente, pero si no se hace nada, nada cambia. Esto parece al menos verosímil.

En las huelgas veo que perdemos todos: primero los trabajadores que se manifiestan previo pago de su derecho a no acudir al puesto de trabajo; seguidamente los ciudadanos, a quienes se causa un perjuicio notorio: no pueden acudir a trabajar o tienen que afrontar numerosos inconvenientes para personarse en el lugar en el que debieran estar, a los que muchos llegan tarde. Consecuentemente, gentes de toda condición, que utiliza los transportes públicos para resolver distintas necesidades, ve quebrados sus derechos a ir al médico o de hacer cola para gestionar determinados asuntos o se ven privados de visitar y atender a otros familiares o se les impide acudir en busca de trabajo o de llegarse a tiempo a otra cita… O no pueden desplazarse desde el aeropuerto o desde cualquier otra estación de llegada. O tienen que optar por el vehículo privado o por invertir parte del recurso semanal en un taxi –si lo encuentra-.

Metro también pierde –he ahí el argumento de la codicia: la pérdida de ingresos- y entre tanto los miembros del Gobierno experimentan las molestias de -si llegara el caso- transitar por la ciudad con mayor densidad de tráfico, en sus coches oficiales, para –supuestamente- ejercer, como los demás –a quienes también se nos las suponen-, sus funciones.

Además del empobrecimiento económico que representa para el país –otros se encargarán de estimar los datos-, un efecto principal que tienen las huelgas es el eco que despiertan en los medios de comunicación social –necesitados de noticias-, así como sus posibles repercusiones, en la opinión pública, socavando la imagen de los gobernantes, que es frente a quienes hay que actuar.

¿Vale la pena? Me gustaría saber el ejercicio que hacen de su voto los huelguistas, como también me agradaría comprobar que ejercen sus derechos sin menoscabo de los de otros. Reconozco que encontraría regocijo en la búsqueda de nuevas fórmulas de protesta o de reivindicación capaces de ejercer la presión suficiente sobre los poderes fácticos como para poder encontrar, y pactar, un punto de equilibrio en tanto se resuelven discrepancias ante intereses, posiblemente en un primer vistazo, contrapuestos. ¿Dónde están las huelgas 2.0?

Y es que la comunicación y el arte de la negociación fallan cuando se instruye el principio de la imposición como consecuencia de un mal entendido desequilibrio de fuerzas, pues sucede que no estamos para servir a los Gobiernos, sino nuestros representantes a nosotros; es decir, a la sociedad, como también las empresas.

Se impone, también en esto, un cambio de perspectiva.

A poco que se escudriña el panorama de actualidad, a uno no le queda más remedio que reconocer que nos encontramos en pleno S. XVI.

¡Y a mí, qué!

© jvillalba

Anuncios